La interminable condena de Aurelia: de un parto fortuito a la cárcel acusada de homicidio

Una mujer indígena de Guerrero logra que se revoque la sentencia que la mantiene en prisión al demostrar que fue orillada a declararse culpable tras la interrupción de un embarazo producto de una violación

Cuando era niña, a Aurelia, una joven indígena de la comunidad de Xochicalco en las montañas de Guerrero, su abuela le decía que las mujeres que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio son quemadas vivas. Ahora, a sus 23 años, lleva seis meses presa por homicidio en grado de parentesco tras haber sufrido un parto fortuito, luego de haber sido víctima de una violación. La condena que le impuso el sistema de justicia mexicano es de 13 años y cuatro meses de cárcel, pero una jueza ha ordenado que se revoque esa sentencia y se reponga el procedimiento penal después de encontrar graves violaciones a los derechos humanos de la joven.

Aurelia no solo fue víctima de violencia sexual, como miles de mujeres en México y en Guerrero —un Estado con dos alertas por violencia de género—, e ignoraba del derecho al aborto por violación que garantiza la NOM046 en todo el país—, sino que también fue obligada a aceptar una condena por un delito que no cometió, según destaca en entrevista con este diario la abogada Verónica Garzón, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

“La acusan de haber matado a su bebé”, expone. Después de parir sola en su cama, Aurelia perdió tanta sangre que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. En esas frías paredes comenzó la pesadilla: su tía llevó el producto en una caja de zapatos y el personal médico denunció a Aurelia ante la policía, después de colocarle un implante anticonceptivo sin su consentimiento. “La detienen y se la llevan directamente al centro penitenciario, donde sigue hasta ahora”, advierte Garzón.

Procesada por el delito de homicidio en razón de parentesco —que alcanza penas de hasta 60 años de cárcel en Guerrero—, Aurelia, cuya lengua natal es el náhuatl, fue orillada en julio pasado a aceptar el procedimiento abreviado del sistema penal mexicano. Su defensora destaca que aunque tenía una intérprete presente, “eso no es suficiente para entender realmente todo un sistema que no es el tuyo”. Desde entonces, la joven se ha enfrentado a todo un sistema que “ignora por completo las necesidades y los derechos de las personas indígenas”, apunta.

Por declararse culpable, la Fiscalía le ofreció reducir la pena a 13 años y cuatro meses de cárcel, la cual aceptó por temor a enfrentarse a un mayor castigo. “Le dicen que es imposible luchar por su inocencia, que ella claramente era culpable, entonces ella acepta y la sentencian, y ahí es cuando mi compañera Ximena Ugarte y yo asumimos la representación del caso y metemos la apelación”, relata.

“Los derechos humanos de las personas indígenas van más allá de un intérprete”

La resolución de la apelación, a cargo de la magistrada Indalecia Pacheco del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, da la razón a las abogadas al señalar que no se cumplieron los estándares de protección a las personas indígenas y ordena reponer el procedimiento para que Aurelia pueda tomar una decisión con la información completa, explica Garzón. “Que su consentimiento sea previo y libre respecto del procedimiento abreviado y si decide no tomarlo, tener un juicio oral respetuoso de los derechos humanos y de los estándares en materia de personas indígenas”, resalta.