El ‘caso Ayotzinapa’ salpica al aparato de inteligencia de López Obrador

Los fiscales buscan procesar por tortura y otros delitos a Ignacio Mendoza, funcionario del CISEN con Peña Nieto, que el actual Gobierno ha mantenido en los escalones de mando de la agencia de inteligencia.

La unidad de la Fiscalía General de la República (FGR) que investiga el caso Ayotzinapa busca procesar por tortura y otros delitos a Ignacio Mendoza, alto funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según los investigadores, Mendoza habría participado en sesiones de tortura contra al menos uno de los detenidos por el caso, Felipe Rodríguez Salgado. Integrante de los servicios de inteligencia al menos desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-20128), Mendoza es el primer alto funcionario de la agencia en la mira de la FGR.

La audiencia para decidir sobre el procesamiento del funcionario estaba fijada para este jueves, pero el juez la ha aplazado hasta el 20 de junio, a petición de la defensa. Además de tortura, la Fiscalía le acusa de coalición de servidores públicos, intervención de comunicaciones privadas y desaparición forzada de personas, en su modalidad de encubrimiento. Actualmente, Rodríguez Salgado está en libertad, absuelto de las acusaciones en su contra por irregularidades en el proceso.

La acusación contra Mendoza nace de una batería de vídeos que el mismo CNI ha entregado a la Fiscalía. Desconocidos hasta hace pocos meses, negada su existencia en solicitudes de información amparadas en la ley de transparencia, los vídeos han ampliado el conocimiento que los investigadores tenían del uso de la tortura durante los primeros meses de la investigación, a finales de 2014 y principios de 2015. En uno de ellos, se ve a Mendoza supuestamente participando de la tortura contra Salgado, considerado entonces como jefe de sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos, parte del contubernio criminal que atacó a los estudiantes de Ayotzinapa.

Antaño conocido como CISEN, el papel de los servicios de inteligencia en los primeros meses de las pesquisas del caso Ayotzinapa era poco conocido hasta esta Administración. En un alarde de transparencia coherente con la orden de colaborar con la investigación, emanada de Palacio Nacional, la agencia que ha sucedido al CISEN, el CNI, entregó cuatro decenas de videos a la Fiscalía, apuntando así a sus propios funcionarios. Sin esos vídeos, grabados entre octubre de 2014 y enero de 2015, Mendoza habría seguido tranquilamente con su vida.

Todo ha cambiado mucho desde 2015. Entonces, las pesquisas estaban a cargo del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la vieja Fiscalía, Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia. Bajo el ala de Zerón y de su jefe inmediato, el procurador, Jesús Murillo Karam, el aparato policial del Estado lanzó un operativo de urgencia para evitar que el escandaloso ataque de criminales y policías contra los estudiantes, en septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero, golpease al Gobierno.

Con el paso de los años, investigadores independientes y ahora la FGR han desmontado los resultados de aquel operativo de urgencia. Los fiscales niegan la narrativa de sus predecesores, la idea de que los 43 estudiantes desaparecidos durante el ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, fueron asesinados, sus cuerpos incinerados en un basurero y los restos arrojados al río San Juan. Ahora se sabe que Zerón y los suyos usaron de manera generalizada la tortura para obtener testimonios, que intentaron cuadrar en una especie de puzzle del horror.

Por eso, el caso Ayotzinapa es hoy una investigación de múltiples capas. Primero, la del ataque y el destino de los estudiantes, una vez descartada la hipótesis de la hoguera y el basurero. Hasta ahora se han identificado restos de los cuerpos de tres muchachos. Los de dos aparecieron en una barranca a un kilómetro del basurero, en 2020 y 2021. Los de otro habían aparecido en el río San Juan en 2014, cuadrando la versión del vertedero. Familiares e investigadores independientes nunca creyeron la versión de Zerón y Murillo sobre aquel hallazgo. La actual administración de la FGR considera que los antiguos investigadores pusieron allí aquellos huesos para acelerar el cierre del caso.

La segunda capa apunta al puzzle de horror, el montaje que, a juzgar de los investigadores, Zerón y otros actores del aparato de seguridad de la época armaron, tortura mediante. En el caso de Mendoza, su aparición pone en un aprieto al CNI, comandado por el general retirado Audomaro Martínez, hombre muy cercano al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

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