Morena y Va por México llevan la campaña presidencial a los tribunales
La carrera por la sucesión presidencial se ha llenado de demandas y denuncias. De Xóchitl Gálvez contra Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. De militantes de Morena contra la aspirante opositora por enriquecimiento ilícito. Del Partido Acción Nacional (PAN) contra el presidente por persecución política contra sus presidenciables. La competencia, paradójicamente fuera de los tiempos que marca la ley, ha estado, además, atravesada por medidas cautelares, fallos del Tribunal Electoral y amagos entre las propias corcholatas, como se llama a quienes han levantado la mano para ser candidatos en las elecciones de 2024. Todo, en los últimos días. Los recursos judiciales han entrado de lleno en las campañas y, más allá de su destino en los tribunales, se han convertido en herramientas para avanzar en la batalla y abollar la carrocería de los rivales. Es así como Morena y la coalición opositora Va por México han entendido el momento político, como un toma y daca que oscila entre los reclamos legítimos y las estrategias proselitistas.
El pleito entre Xóchitl Gálvez y López Obrador ha dominado la conversación desde antes que la senadora hiciera públicas sus intenciones de competir por la candidatura presidencial de la oposición a mediados de junio pasado. La legisladora pedaleó hasta Palacio Nacional con un amparo en la mano para exigir su derecho de réplica, pero el presidente le negó la entrada a su conferencia mañanera. Lo que comenzó como un intercambio de reclamos y descalificaciones subió de tono hasta tomar tintes más serios. Gálvez presentó ya dos denuncias contra el presidente por violencia política de género, uso indebido de recursos públicos para atacarla y por hacer pública información financiera de sus empresas. En medio del rifirrafe, el Ejecutivo también agitó las amenazas judiciales, al deslizar los datos sobre los contratos públicos que ganó la compañía de la aspirante opositora e insinuar que hubo irregularidades.
No es la primera vez que las acusaciones lanzadas desde la tribuna presidencial se interpretan como señales políticas contra los denunciados. A veces, como un arma de disuasión. Otras, como un intento para desprestigiar o plantar la idea en la población de que los rivales “son los mismos de siempre”, “la mafia en el poder”. Pero no son sólo golpes de efecto. Cuando Morena anunció el banderazo de salida de la contienda por la sucesión, el PAN y otros partidos opositores denunciaron actos anticipados de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que dictó medidas cautelares y dio a conocer un primer esbozo de lo que estaba permitido y prohibido en los llamados “procesos internos”. Cuando Va por México, la alianza encabezada por el PAN, decidió hacer una calca del proceso de sus rivales, el partido del presidente les pagó con la misma moneda y se les impusieron las mismas restricciones.
Cada semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se llena de recursos promovidos por los propios partidos para hacer trastabillar a sus adversarios y de argumentos de defensa para evitar ser atrapados. López Obrador aceptó esta semana las medidas de las autoridades electorales a regañadientes, pero supo encontrar la forma de dar la vuelta a las restricciones: presentó “No lo dije yo”, una nueva sección para exhibir a sus críticos, y continuó con sus cuestionamientos contra Gálvez y Santiago Creel, otro panista que aspira a estar en la boleta.
La zaga de López Obrador contra Gálvez hizo entender a los aspirantes que el foco mediático y político estaba ahí. Desde entonces, los opositores no han escatimado en sus críticas contra el presidente. Los simpatizantes del Gobierno, por su lado, no han dudado en cerrar filas con el mandatario. La judicialización del pleito también se ha replicado. El morenista Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, presentó el jueves una denuncia contra Gálvez por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflictos de interés y corrupción cuando ella estuvo al frente de esa Alcaldía (2015-2018). Romo aseguró que tiene pruebas de manejos irregulares relacionados con el sector inmobiliario y gestiones para que sus empresas fueran contratadas. Gálvez dijo que no tenía nada que ocultar y reviró el ataque. “Romo ratota”, le llamó.
Morena también ha puesto en la mira a Creel por negarse a dejar su escaño en la Cámara de Diputados, a pesar de que se registró como aspirante a la candidatura de Va por México desde la primera semana de julio. Los reclamos de las corcholatas se convirtieron en un punto de acuerdo aprobado en el pleno legislativo por la mayoría oficialista, que dio un ultimátum al presidente de la Cámara baja para separarse de su cargo: si no lo hace antes del viernes, presentarán una demanda formal.